En un despliegue policial sin precedentes y bajo un hermético anillo de seguridad, las autoridades panameñas ejecutaron el traslado de 29 privados de libertad calificados de extrema peligrosidad hacia el penal de la estación aeronaval Teniente Nelson Tenas, ubicado en la Isla Coiba.
El operativo de alta filigrana, coordinado entre la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), se realizó de manera escalonada desde diversos centros penitenciarios del país. El objetivo central del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) es descabezar las cúpulas de las estructuras criminales y neutralizar su capacidad de coordinar delitos desde las cárceles.
El detonante: Punta Coco bajo la lupa
Fuentes oficiales confirmaron que esta drástica medida surge tras detectarse graves vulnerabilidades en el centro de detención de Punta Coco. Investigaciones de inteligencia penitenciaria revelaron que, pese al aislamiento, los cabecillas recluidos en dicha base insular seguían articulando de forma directa actividades ilícitas que impactaban las calles del país y ponían en jaque la seguridad nacional.
Ante esto, el Estado optó por un cambio de estrategia táctica, movilizando a los reos hacia la Isla Coiba. Este complejo penal dependiente del SENAN no solo cuenta con personal de élite adiestrado en el combate frontal al narcotráfico, sino también con equipamiento tecnológico de última generación diseñado para inhibir y neutralizar cualquier intento de comunicación externa o actividad ilegal.
Blindaje por tierra, mar y aire
El traslado se ejecutó en estricto cumplimiento de la ley vigente, la cual faculta a la Policía Nacional para encargarse de la custodia interna de estos reos de alto perfil, mientras que el SENAN mantiene el control del perímetro y la seguridad externa de la isla.
Las autoridades enfatizaron que el planeamiento interinstitucional evitó cualquier tipo de filtración o reacción por parte de las bandas criminales que operan en el país. Con este fuerte golpe de timón, el Minseg busca frenar las dinámicas delictivas, disminuir los índices de criminalidad en las áreas urbanas y enviar un mensaje contundente: el control de los penales lo mantiene el Estado.
