Con una instalación de contenedores ubicados en la Cinta Costera 3, donde se visibiliza que Panamá, a pesar de los grandes esfuerzos realizados por las autoridades, sigue siendo la puerta de entrada del contrabando de cigarrillos de la región, recibiendo más de 15 contenedores de este producto cada mes, de manera ilegal, Crime Stoppers, alerta al país y al mundo sobre el sostenido incremento del contrabando y su impacto en los países de la región.
Este ingreso al país contribuye a que el 50% de los cigarrillos de contrabando de Latinoamérica y el Caribe, sean distribuidos desde Panamá. Además, alertaron sobre el incremento que ha sufrido el contrabando en los últimos años en el país, pasando de un 60% a un 92%, lo cual representa que en Panamá 9 de cada diez cigarrillos que se consumen sean de contrabando según estudio realizado por Nielsen en 2022.
De acuerdo con Crime Stoppers, esta instalación de contenedores no solo es un llamado de atención a la ciudadanía y a las autoridades mundiales con motivo de la undécima reunión de la Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y, del tercer período de sesiones de la Reunión de las Partes (MOP3) del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que se desarrollará en Panamá del 5 al 10 de febrero; sino una oportunidad para exponer la necesidad de reforzar las políticas públicas, la reforma y armonización de las leyes de dicho país y de la región, para hacer frente al contrabando cigarrillos, cuyas consecuencias tienen un impacto directo en la vida de las personas, en la corrupción, el blanqueo de capitales y en el fortalecimiento del crimen organizado transnacional.
Las políticas públicas y las leyes prohibicionistas o extremas, facilitan y crean mercados ilegales. Ejemplo concreto es la ley 315 del 2022 en Panamá que prohíbe la comercialización de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y dispositivos electrónicos similares; abriendo la puerta para que el crimen organizado supla con contrabando la demanda de estos productos en el mercado, causando consecuencias negativas para Panamá y la región.
Al mismo tiempo, la mencionada ley ha dejado al Ministerio de Salud de este país, sin la posibilidad de ejercer fiscalización y proteger a los consumidores”. En cuanto a dicha protección, Campos consideró que “se debe involucrar en las discusiones del marco legal a la sociedad civil, los consumidores, Gobierno e industria y brindar alternativas basadas en la ciencia y en las estadísticas de incidencia criminal y economías ilícitas”.
Pérdidas económicas y afectaciones a la salud
De acuerdo con datos de Crime Stoppers -organización mundial sin fines de lucro que busca contribuir con la construcción de seguridad multidimensional y que facilita la participación ciudadana en forma anónima, confiable y segura-, los cigarrillos de contrabando son una fuente de financiación y de recursos millonarios para el crimen organizado global y las pandillas locales, relacionada con temas de blanqueo de capitales, narcotráfico, corrupción y delitos conexos en colaboración con las pandillas que distribuyen el producto, en países como Guatemala, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, entre otros.
Además, representan una evasión fiscal de millones de dólares para los Estados de la región, el comercio ilícito de cigarrillos en 2020 implicaba una pérdida de más de $165 millones de dólares en tributos anuales para el Estado panameño. Si consideramos que las cifras del contrabando han aumentado en los últimos años, “la pérdida actual en impuestos resulta alarmante”, explicó Alejo Campos, vocero de Crime Stoppers.
Campos también acotó que “para minimizar las consecuencias del contrabando de cigarrillos es necesario crear leyes más efectivas, que permitan prevenir, perseguir y castigar este delito y que a la vez puedan ofrecer alternativas al público consumidor de tabaco, como puede ser la introducción de cigarrillos sin combustión y similares como método de reducción del consumo que evitaría la proliferación de mercados ilegales en manos del crimen organizado”.
Una alternativa
El vocero de la organización se refirió a que países como Nueva Zelanda, Reino Unido, Escocia o Estados Unidos han encontrado en los cigarrillos electrónicos sin combustión y otros sistemas similares, una alternativa hasta un 95% menos perjudicial que los cigarrillos convencionales, logrando legalizarlo y ofrecer mejores alternativas para sus ciudadanos, evitando de esta manera el contrabando ilegal.
Campos añadió que es necesario el seguimiento a la distribución del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del cual un gran porcentaje debe transferirse al Ministerio de Salud y al Instituto Oncológico Nacional, de Panamá, pero a la fecha esas transferencias no se han hecho en su totalidad, siendo dos instituciones del gobierno con necesidades presupuestarias. Esta realidad es similar en otros países de la región.
Las implicaciones del contrabando de cigarrillos, en materia de seguridad por las fuertes conexiones con el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo son preocupantes. Las altas ganancias combinadas con los bajos riesgos y sanciones lo hacen cada vez más atractivo para los criminales al ser un producto altamente rentable, fácil de transportar, sujeto a escasos controles, y las sanciones, cuando se aplican, son mucho más laxas que las sanciones para otros crímenes, como el narcotráfico.
Las declaraciones de Crime Stoppers se dan el marco de la COP10, donde se espera la presencia de 1,200 líderes comprometidos con la causa y se definirá la “hoja de ruta” de las estrategias para la ejecución del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco y la prevención de mortalidad asociada al consumo.
