En una audiencia de infarto y tras un duro pulso entre la Fiscalía y la defensa, la exsecretaria general de la Contraloría General de la República, Zenia Vásquez, logró esquivar la temida detención provisional en un centro penitenciario. Una juez de garantías le otorgó una medida cautelar de arresto domiciliario, reporte periódico e impedimento de salida del país, en medio de una candente investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
La sombra de los $700 mil
La funcionaria clave durante la pasada gestión de Gerardo Solís se encuentra hoy en el ojo de la tormenta financiera. Según reveló la fiscal Patricia Herrera, el Ministerio Público iba con todo, exigiendo la detención provisional tras detectar un presunto bache financiero que la exfuncionaria no ha podido cuadrar: más de 700 mil dólares en ingresos sin justificar.
“Evaluaremos dentro del término legal si presentamos un recurso de apelación”, advirtió la fiscal Herrera, visiblemente inconforme con que la juzgadora optara por medidas menos severas ante un monto tan elevado.
La defensa canta victoria (por ahora)
En la otra esquina, el abogado defensor Jaime Tapia, quien sudó la camiseta durante las maratónicas audiencias de legalización de vigilancia, aprehensión, imputación y medidas cautelares, defendió a capa y espada la decisión del tribunal.
Tapia aseguró ante los medios que la juez actuó “conforme a derecho” y afirmó que ya presentaron los papeles y aclaraciones que supuestamente justifican el origen de hasta el último centavo vinculado a su clienta.
Por el momento, Vásquez cambiará las oficinas de la Contraloría por las cuatro paredes de su residencia, mientras la Fiscalía decide si apela la decisión para intentar mandarla tras las rejas mientras dure el proceso. El caso apenas empieza.
