Favorable a servidores públicos: TAFP ordena el pago de $6.5 millones adeudados
En dos años el Tribunal Administrativo de la Función Pública ha resuelto 944 procesos presentados ante la entidad, con un total de B/.6,545,613.87, contenidos en órdenes de pago en Resoluciones Finales (RF), a favor de ex funcionarios del Estado, según cifras oficiales del mes de agosto 2024 (inicio de funcionamiento del Tribunal), hasta el 15 de septiembre de 2026 (fecha de cierre estadístico).
De esa cifra, el Tribunal reporta pagos directos por B/.1,116,889.62 y otros B/.1,643,420.45 en proceso de ejecución, sumando, además, B/.137,880.77 pagos de procesos resueltos mediante acuerdos de mediación entre las partes, una vía que evita el proceso administrativo regular.
El saldo pendiente o en proceso de pago asciende a la suma de B/.3,647,423.03, equivalente al 56% de lo ordenado por el TAFP en sus dos años y un mes de operación. El 44% restante ya fue cubierto entre pagos directos, ejecuciones concretadas y mediaciones.
Es importante acotar que el Tribunal Administrativo de la Función Pública garantiza el acceso a la justicia por lo que un gran número de exfuncionarios que reclaman el pago de sus derechos laborales en el sector público han recibido de parte de las instituciones sus prestaciones finales.
La tutela judicial efectiva que ofrece el Tribunal Administrativo de la Función Pública en materia de prestaciones finales genera una cultura de pago en algunas instituciones.
A través del Tribunal, todo ciudadano que haya laborado en una institución pública y tenga derecho a prestaciones finales, (vacaciones, XIII mes, prima de antigüedad, etc.,) puede ejercer su derecho mediante un proceso sencillo, informal, gratuito, no requiere abogado, a través del cual podrá conseguir el reconocimiento de sus derechos. Una vez el Tribunal ordena el Pago mediante resolución final, en caso de que la institución desatienda la orden de pago, el interesado podrá pedir al Tribunal que Ejecute a la institución conforme al artículo 24 y 42-L de la Ley 23 de 2017.
Las cifras muestran el balance de un Tribunal creado para resolver los conflictos entre los servidores públicos y las entidades estatales que los emplean. Cada Resolución Final reconoce un derecho a favor del exfuncionario, y su cumplimiento depende de que la institución obligada haga efectivo el pago correspondiente o por petición del exfuncionario ante el Tribunal se realiza la ejecución de la institución que ha incumplido.
