La Contraloría General de la República confirmó que auditará el Fondo de Tabaco, administrado por la doctora Reina Roa, coordinadora de la Comisión Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud (MINSA), en atención a la solicitud el exviceministro de Comercio, Eduardo Palacios, tras detectar “graves irregularidades y discrepancias” en los informes de gestión proporcionados por la Dirección General de Salud Pública.
“Informamos que realizaremos las gestiones pertinentes para que, una vez concluidas las auditorías previamente programadas y que se encuentran en ejecución, tan pronto haya disponibilidad de recursos se procederá a realizar la auditoría solicitada”, se detalla la misiva que lleva la firma de la Secretaria General de la Contraloría, Zenia Vásquez de Palacios.
La solicitud de auditoria presentada por Eduardo Palacios, tiene como base que, la información solicitada y suministrada por la Dirección General de Salud Pública sobre la gestión del Fondo de Tabaco correspondiente a los años 2018-2022, que incluía detalles específicos, como el calendario semanal de uso de los vehículos adquiridos con recursos de este fondo.
En su petición, Palacios argumentó que la respuesta inicial de la Dirección General de Salud Pública indicaba la asignación de fondos para la compra de 20 vehículos pick-up, pero posteriormente, en agosto de 2023, afirmaron que dicha compra no se llevó a cabo, generando confusión y señales de desorganización administrativa.
“La administradora del Fondo, la doctora Roa, omitió proporcionar los calendarios semanales de uso de los vehículos, incumpliendo las normas establecidas para el manejo de los recursos del Fondo de Tabaco”, ha reiterado Palacios.
El solicitante, reafirma que se reveló que los fondos asignados para ciertas adquisiciones en 2020 fueron reasignados para otros fines no especificados claramente, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de estos recursos públicos.
Palacios, sostiene que se plantean serias preocupaciones sobre la gestión adecuada de los recursos públicos por las discrepancias y omisiones en los informes de gestión del Fondo de Tabaco, junto con las respuestas inconsistentes de la Dirección General de Salud Pública.
