El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana afectan las trayectorias educativas de las mujeres, su participación en el mercado laboral y sus ingresos, “perpetuando la pobreza generacional” advirtió la directora de Unidades Especiales de la Defensoría del Pueblo, Anna Karina Salerno, en el foro virtual “Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Retos para su protección en el contexto actual”, organizado por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM) y ChildFund.
Salerno participó en la mesa de este miércoles 10 de noviembre donde se analizó el tema: Uniones tempranas y embarazo en la adolescencia, exponiendo sobre las buenas prácticas en la prevención de las mismas, considerando que es “importante la corresponsabilidad de la Familia, el Estado a través de sus instituciones y la sociedad para reforzar la red de apoyo a las niñas y adolescentes embarazadas, las cuales pueden ser un reflejo de las situaciones de abuso y violencia sexual que viven dentro de sus propias familias”.
Salerno destacó que debe registrarse un cambio cultural en nuestras poblaciones indígenas; así como la necesidad de darle participación a los niños, niñas y adolescentes para mejorar, crear las políticas públicas y monitorear su situación, de manera que tengan empoderamiento y “repliquen las buenas prácticas de auto cuidado en sus comunidades”.
En el abordaje de este tema también participaron: Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Gabriela Rodríguez Ramírez, Secretaria General del Consejo Nacional de Población de México; Guadalupe Cortés Pacheco, Embajadora de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) de México; y Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de México.
El evento, realizado este 10 y 11 de noviembre, se dio en el marco del décimo aniversario del PUDH-UNAM y a 32 años del aniversario de la Convención de los Derechos del Niño (20 de noviembre de 1989).
