Representación femenina en cifras: una deuda democrática
Cada cinco años, Panamá repite un ritual institucional de alto calado: la instalación de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). En la mesa de debate convergen partidos políticos, magistrados y sociedad civil con la promesa de perfeccionar las reglas del juego democrático. Sin embargo, cuando el debate toca a la paridad de género, el discurso de la inclusión suele chocar de frente contra las resistencias de la política tradicional.
Aunque el marco normativo panameño enarbola el principio de paridad en las postulaciones, la realidad electoral arroja cifras que desnudan una brecha estructural. Las mujeres representan más de la mitad del padrón y constituyen la fuerza organizativa de las bases partidarias; no obstante, su presencia en los espacios donde se toman las decisiones sigue siendo minoritaria. Una Asamblea Nacional con poco más del 20 % de representación femenina y un porcentaje aún menor en las alcaldías y juntas comunales confirman que la igualdad de acceso continúa postergada.
El problema no reside en la falta de liderazgo o preparación de las candidatas, sino en el diseño de un sistema electoral repleto de «válvulas de escape». Bajo el argumento de la baja participación interna o la falta de aspirantes en determinados circuitos, las dirigencias partidarias han logrado flexibilizar la norma. A esto se suma la asignación recurrente de mujeres en circuitos poco competitivos o la ausencia de la paridad horizontal para cargos uninominales, mecanismos que terminan neutralizando el alcance real de la ley.
La paridad no es una concesión ni una cuota de simpatía; es una condición indispensable para la calidad democrática. Un sistema que relega a la mitad de su población a un rol secundario en la toma de decisiones debilita su propia representatividad e institucionalidad.
El proceso actual de reformas electorales representa una oportunidad determinante para cerrar los vacíos legales que convierten la paridad en un trámite declarativo. Eliminar las cláusulas de excepción, fijar reglas claras de alternancia y garantizar sanciones efectivas —como el rechazo plano de listas que no cumplan la norma— son pasos urgentes. Sin una voluntad real de transformar las estructuras de poder, la democracia panameña seguirá arrastrando una deuda histórica con sus ciudadanas.
