Por: Aaron S. Bracho M.
La pandemia que ha experimentado la humanidad a raíz del rápido brote por el COVID-19, ha develado las enormes falencias y desigualdades estructurales de nuestras sociedades en América Latina y en nuestro caso particular Panamá, ello con un marcado acento en torno a nuestros sistemas públicos de salud.
Antes de la pandemia y el confinamiento obligatorio, nos encontrábamos en lo que algunos especialistas llaman cotidianeidad aletargante en donde estas falencias eran asumidas en muchos sentidos con un nivel de normalidad en la sociedad. Pocos sectores del movimiento social y de capas medias hacían cuestionamientos en esa dirección.
Ello obedece entre otros aspectos, primero a los distintos dispositivos de control social que operan en la sociedad panameña. Estamentos y estructuras de seguridad del Estado en las funciones de vigilar y castigar (Administrando el miedo a disentir y cuestionar), mientras por otro lado, el Estado es instrumentalizado para fines ajenos al bien colectivo (Para ilustrar esto, recordemos las recientes declaraciones de Jean Pierre Leignadier presidente de CCIAP sobre mejorar la educación pública), es a través de las instituciones de educación pública donde se establecen los contenidos y programas de todos los niveles del sistema educativo, estos no incentivan actitudes como el pensamiento crítico y un tipo de ciudadano consciente, emprendedor y empoderado, sino más bien, que apuestan cada vez más a individuos instruidos en la productividad y ejecución de tareas prácticas, en función de las necesidades de mano de obra del mercado laboral.
En otro nivel se encuentran los medios de comunicación que generan matrices de opinión favorables a los sectores dominantes y gubernamentales, además de la programación enajenante que incrementan los niveles de desidia, distracción y desinterés en los problemas más acuciantes de la población (Ver más al respecto en el reportaje El fin justifica los medios producido por el periodista Hugo Vera colgado en su red social de Instagram).
El confinamiento social obligatorio y la alta exposición a redes sociales y junto a la aparición de múltiples medios alternativos a través de redes sociales, al parecer han roto el cerco mediático de información impuesto por los medios tradicionales y por ende, la valoración ciudadana respecto del manejo de la situación por parte de las autoridades del gobierno, se traduce en un descontento social, los escándalos en compras de ventiladores, casos de contagios en la minera en Coclé, casos de contagios en centros penitenciarios, la incipiente ayuda económica (En muchos casos nula), sobrecostos en compra y almacenamiento de medicamentos (CSS), el clúster de contagios del personal de salud en el seguro social y recientemente el hospital modular (Donación de gobierno chino rechazada, sobre costo respecto a proyectos similares y la empresa turca que ‘presento’ propuesta para construirla y cuyo dueño no sabía).
De seguro, podemos afirmar que fue a través de las redes sociales y los medios alternativos que la población se enteró primero de todas estas situaciones.
Este descontento no solo se dio en reacciones en redes sociales, sino que se combinó a la ausencia de apoyo y asistencia social gubernamental ante la suspensión de contratos y paralización de la actividad económica del sector informal, se manifestó entonces a través de diversas movilizaciones en distintas comunidades de las áreas de San Miguelito, Panamá centro, norte y este, así como en las Provincias de Panamá Oeste y Colón.
Para el año 2019 Panamá ocupo el tercer lugar como país más desigual de América Latina, escalando dos posiciones respecto al año 2016 en donde ocupamos el 5to lugar.
Las diversas desigualdades estructurales con respecto al sistema sanitario panameño, se manifiestan en un desequilibrio en el rol que debe jugar el Estado en gestionar el acceso a servicios de salud pública de calidad a todos los ciudadanos a nivel nacional, sin embargo, pesa en ese desequilibrio, la organización social de la sociedad panameña, que históricamente ha sido diseñada en torno a la zona de tránsito y ha concentrado los recursos en función del perfeccionamiento del sistema transitista generando un desarrollo desigual con respecto a las otras zonas geográficas de país.
En muchas zonas del país no existen hospitales, nos referimos a las Comarcas Emberá Wounaan y Ngäbe-Buglé en donde la mayor cantidad de instalaciones de salud están conformadas por sub centros de salud y puestos que no brindan servicios integrales de salud preventiva lo cual coadyuva al incremento de los índices de mortalidad en niños y adultos mayores.
En Panamá existen dos instituciones que asumen la función de gestionar el sistema de salud pública, estas son: Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social. Sin embargo, el Ministerio de Salud esta relegado en su rol, y ha distado por muchos años de una gestión eficiente, el peso mayor recae sobre la Caja de Seguro Social, institución también cuestionada por falta de medicamentos, citas distantes a la afección, largas esperas en los días de cita, entre muchas otras situaciones que desmejoran la calidad de vida de las personas.
La descripción de estas desigualdades se manifiesta con un mayor énfasis, a raíz de las declaraciones del periodista Rolando Aponte quien expone de manera testimonial las vicisitudes y situaciones infrahumanas que experimentan los pacientes internados en la Caja de Seguro Social (CSS), en una entrevista que le realizara la periodista Blanca Herrera.
Luego de la reapertura del bloque 2 de actividades económicas, se ha multiplicado la concentración de personas, en las áreas periféricas de la ciudad capital y la provincia de Panamá Oeste, que no cuentan con medios de transporte adecuados y frecuentes. Según algunos especialistas esto puede traducirse en el crecimiento exponencial de contagios, dado que la reapertura, se dio sin planificación y ha dejado la responsabilidad de la contención del brote, en manos de los ciudadanos, es decir, los ha dejado a su suerte.
La pandemia ha develado los intereses que influyen en las decisiones gubernamentales, y peso que tiene la población y sus necesidades en la ponderación de las decisiones del ejecutivo. También ha develado lo que piensan en realidad los empresarios en torno a la educación y la salud, un mero negocio. A la población en general nos ha hecho más sensibles a las distintas problemáticas que afectan al país, ciudadanos conscientes y críticos ante las injusticias, desigualdades y hechos de corrupción. En el contexto de la reforma constitucional aún pendiente, la ciudadanía ha recogido todos estos elementos. Consideramos que dichos elementos recogidos, deben servir en la interpretación y lectura del momento que vive la sociedad panameña. Arrojando una constitución más democrática, participativa, más justa y que condense el tipo de organización social y política que necesita el país y las futuras generaciones.
El autor es Filosofó e historiador, Becario del Programa de Maestría en Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá-SENACYT
Excelente participación con tus enseñanzas para con nosotros sobre los temas de actualidad social. Sigue así compañero.