El más reciente revés judicial sufrido por Las Brisas de Amador aconteció el pasado 19 de junio cuando los magistrados Janeth Torres, Carlos Pizarro y Manuel José Calvo no admitieron un nuevo amparo de garantías constitucionales presentado por Ariel Miguel Flores Vemol, representante legal de la sociedad Las Brisas de Amador a través del abogado Giovani Javier Castillo quien pretendía por tercera vez desconocer el fallo de la Juez Cuarta de Circuito de Insolvencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, Tatiana Ovalle, quien había rechazado de plano una advertencia de nulidad presentada en 2025.
En la parte resolutiva de la sentencia proferida por los magistrados se lee: No se vislumbra quebrantamiento del ordenamiento constitucional en la actuación impulsada por la juzgadora demandada y las supuestas irregularidades de la tramitación, carecen de idoneidad necesaria para un examen constitucional, por lo que corresponde inadmitir esta acción extraordinaria. En mérito de lo expuesto, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, administrando justicia, en nombre de la República de Panamá y por autoridad de la ley, No Admite la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesta por Ariel Miguel Flores Vemol, en su condición de representante legal de la sociedad Las Brisas de Amador, S.A. contra la Juez Cuarta de Circuito de Insolvencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, Tatiana Ovalle, al proferir Auto No. 1091 de 18 de noviembre de 2025.
Pese a este nuevo revés los directivos de la sociedad Las Brisas de Amador S.A. (LBA) no parecen tener la menor intención de honrar sus compromisos comerciales, ni tampoco de cumplir con las sentencias promulgadas por jueces y magistrados, por el contrario con sus constantes recursos dilatorios, pretenden continuar burlando la justicia y desatendiendo sus responsabilidades y contratos con clientes que en su momento confiaron en los proyectos y desarrollos que esta sociedad tiene en la calzada de Amador.
Los abogados de Las Brisas de Amador han presentado una serie de acciones legales y recursos como; amparos de garantías constitucionales, consideraciones y solicitudes de abstención, advertencias de nulidad insubsanable entre otras que forman parte de una estrategia para dilatar el proceso, tan es así que repiten estas acciones una y otra vez incluso contra sentencias que han sido ratificadas por los jueces en una clara demostración de que a sus directivos no les interesa que el proceso llegue a su final, al mismo tiempo evaden sus responsabilidades económicas y contractuales no solo con sus clientes, sino incluso con el Estado. Lo paradójico de esta situación es que el accionar inescrupuloso de estos empresarios ha logrado mantenerse por más de una década gracias a la ayuda de algunos jueces y magistrados que con sentencias al filo del derecho y la jurisprudencia, le han proporcionado un salvavidas que los mantiene a flote a costa de clientes que se sienten estafados y de un sistema usado para contradecir el fin de la justicia al tiempo que se incentiva y legitima el engaño y la trampa.
Una de las intervenciones mas cuestionadas ha sido la de la magistrada del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, Guimara Aparicio Ortega que actuando como ponente en una reciente decisión ayudó a Las Brisas de Amador a bajar la cuantía de la deuda, basando su argumentación prácticamente en una reproducción de las peticiones hechas por el abogado de Las Brisas de Amador Giovanny Javier Castillo. Por su sospechosa actuación, Aparicio Ortega está siendo investigada por los presuntos delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos en una pesquisa que adelanta el Magistrado José Luis Alfaro de León de la Unidad Especial de Investigación de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial.
