La agencia Moody’s Ratings mantuvo la calificación soberana de la República de
Panamá en Baa3 con perspectiva negativa, sin cambios respecto a la evaluación
anterior, luego de concluir su revisión periódica.
De acuerdo con el informe de Moody’s, la calificación de Panamá se sustenta en su
sólido crecimiento económico, el papel estratégico del Canal de Panamá, y el
historial de inversión sostenida, elementos que continúan respaldando la resiliencia
macroeconómica del país.
La calificadora reconoce que el crecimiento económico de Panamá se mantuvo en
2.9% en 2024, a pesar del impacto negativo del cierre del proyecto minero Cobre
Panamá, y proyecta una recuperación del 4% para 2025, impulsada por el aumento
en la actividad del Canal y el dinamismo del sector privado.
Moody’s también resalta que la reforma al sistema de pensiones, si bien fortalece la
sostenibilidad a largo plazo, implica mayores contribuciones fiscales por parte del
Estado, lo que podría limitar el margen de maniobra en otros frentes
presupuestarios.
La perspectiva negativa previamente asignada por la agencia refleja los riesgos
asociados con un probable estancamiento en la consolidación fiscal y la posibilidad
de un aumento en los costos de financiamiento soberano si no se refuerza la
credibilidad de la política fiscal. La calificación podría estabilizarse si el Gobierno
logra implementar medidas creíbles para reducir el déficit y mejorar la transparencia
fiscal.
Moody’s destaca que el deterioro fiscal observado en 2024, cuando el déficit alcanzó
el 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y la deuda pública se elevó a 62% del PIB,
plantea desafíos importantes para la consolidación fiscal.
Aunque el Gobierno ha mostrado disposición para implementar reformas
estructurales, incluyendo la reciente aprobación de la reforma al sistema de
pensiones, Moody’s señala que persisten rigideces presupuestarias que podrían
dificultar una reducción sustancial del déficit en el corto plazo.
Ante este escenario, el Gobierno de Panamá reafirma su compromiso con la
sostenibilidad fiscal y el cumplimiento con la ley de responsabilidad social fiscal cuya
meta para el año 2025 es 4%. Esta meta logrará un manejo eficiente y transparente
del gasto público y la ejecución de inversiones prioritarias como pilares
fundamentales para preservar la confianza de los inversionistas y de las agencias
calificadoras.
