El director del Centro de Investigación para la Gobernanza Global y del Programa de Doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, España, Pedro Nevado Batalla, valoró positivamente el acceso libre a internet que existe en Panamá y las ventajas tecnológicas que ofrece a los ciudadanos.
“Este es el segundo país del mundo, de todos los que he visitado, que me encuentro que el acceso libre a internet realmente funciona y funciona de verdad”, dijo Nevado Batalla en su intervención en el programa “Rol de la Digitalización y la Inversión I+D en el Fortalecimiento del Estado de Derecho” que se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).
Nevado Batalla, quien además es miembro del Grupo de Estudio contra la Corrupción (USAL) y miembro del Grupo de Investigación en Derecho Público y del Observatorio de Derecho Militar de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), considera que no es casualidad que Panamá haya sido premiada por Naciones Unidas en el tratamiento y en la lucha contra la pandemia, en los primeros años, cuando el proceso se hizo a través de una base tecnológica implementada por la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
“Yo en mi condición de extranjero me he llevado un reflejo importante, de mi acceso en imigración, la generación de mi código QR de vacunación para acceder al país con todas las garantías y la base tecnológica es la que está detrás”, indicó.
Señaló que “Panamá en ese sentido es un ejemplo en materia de buen gobierno y administración, todo redunda en la consolidación del Estado de derecho y la democracia”.
Como parte del programa, Luis Oliva, administrador general de la AIG, presentó ante la comunidad científica y tecnológica reunida en la UTP, el anteproyecto de ley para la Promoción de la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, así como la Digitalización en Procesos Gubernamentales.
El anteproyecto promueve la investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), la transformación digital y la digitalización de los procesos gubernamentales, para aumentar las capacidades en el sector público y privado, desarrollar nuevos modelos tecnológicos, métodos y soluciones que aumenten la agilidad, transparencia y disminuyan la burocracia gubernamental.
De acuerdo con el administrador general de la AIG, se busca tener los recursos necesarios para estos fines y su ámbito de aplicación será del Gobierno Central, las autoridades autónomas, semiautónomas, municipales, Asamblea Nacional, Órgano Judicial, los intermediarios financieros y las sociedades en que el Estado sea propietario del 51% o más de sus acciones o patrimonio.
También se contempla la asignación de presupuesto anual, destinado en su totalidad a Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) y transformación digital del Estado.
El anteproyecto de ley será sometido a la consideración del Consejo de Gabinete para ser presentado ante la Asamblea Nacional
