El Ministerio Público está investigando una serie de irregularidades generadas por las actuaciones sospechosas de algunos juzgadores para favorecer a la sociedad Las Brisas de Amador (LBA) en un proceso legal que lleva más de una década en los tribunales de justicia.
Entre los funcionarios involucrados destaca la magistrada Guimara Aparicio Ortega que desde el primer momento que intervino en este caso ha mostrado una absoluta parcialidad en sus decisiones, distorsionando el contenido de fallos anteriores como por ejemplo el que ya había establecido el monto a pagar por parte de LBA a los afectados en esta causa y que incluso habían sido aceptados por los representantes de esa sociedad.
Aparicio Ortega además impuso plazos perentorios en el tratamiento del expediente y ha emitido sentencias contradictorias en casos similares, aplicando normas con un doble rasero, lo que ha dejado al descubierto su falta de imparcialidad en este caso.
La intervención de la Procuraduría General de la Nación surge luego de una denuncia/querella presentada contra la magistrada Aparicio Ortega por las sociedades Vikingo Joint Ventura y Vikingo Overseas Inc. ante las frecuentes e inusitadas actuaciones de la funcionaria que a juicio de los afectados ha contaminado este proceso.
En una nota enviada recientemente por el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy a la Juez Cuarta de Circuito de Insolvencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, Tatiana Ovalle Mudarra, el jefe del Ministerio Público le solicita que proporcione a su despacho una copia autenticada del expediente número; 68168-24 que contiene el proceso concursal de liquidación forzosa, promovido por las sociedades Vikingo Joint Venture Inc. y Vikingo Overseas Inc. en contra de LBA.
Registro Público inscribe resolución de liquidación en la sección de la propiedad
En el certificado de persona jurídica del Registro Público aparece desde el pasado 29 de septiembre la información general y pública concerniente a la sociedad Las Brisas de Amador (LBA) en ella se le adicionó en la descripción de la operación lo siguiente: Mediante auto número; 2254/68168-24 de 14 de agosto de 2025 y corregido por auto número. 4515 de 24 de agosto de 2026 del Juzgado Cuarto de Circuito de Insolvencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, remitido por oficio número; 6720 de 8 de septiembre de 2026, resuelve: Se designa al licenciado, José Ángel Hidrogo, como liquidador titular.
El contenido del documento es claro y contundente; Se ordena al Registro Público, inscribir la presente resolución de liquidación en la sección de la propiedad de cada uno de los inmuebles pertenecientes al deudor, y de anotarla al margen de la inscripción de la sociedad deudora en la sección mercantil; así como también se le ordena al director del Registro Público que se abstenga de inscribir títulos enajenantes del deudor. Así consta inscrito bajo la entrada número.381036/2026 desde el 29 de septiembre de 2026.
En el documento se da a conocer además que conforme a la información que consta inscrita en este registro, la sociedad objeto del certificado no se ha acogido al régimen de custodia.
Una omisión que lesiona los intereses del Estado
Pese a todo lo anterior, el secretario ejecutivo de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) Jorge Díaz Guerra, sigue sin cancelar la concesión a Las Brisas de Amador, pese a que ha incumplido el contrato de concesión y que según el contenido de una de sus cláusulas, ese incumplimiento conlleva su inmediata revocación.
Díaz Guerra no ha movido un dedo para hacer cumplir la ley, ni ha mostrado interés en velar por los intereses del Estado, asunto que como funcionario está obligado a ejecutar con prioridad, su inacción es un abierto desafío a la ley y a la constitución, lo que implica un delito por el incumplimiento de sus deberes como funcionario, también es cuestionable la actuación del Ministro de Economía y Finanzas Felipe Chapman, quien como superior jerárquico, tampoco ha intervenido en favor del Estado.
