Por: Raúl Eduardo Molina
El proyecto de ley 986 “que establece el marco regulatorio para el uso de plataformas tecnológicas de la información y comunicación (TIC) en el servicio de Taxi de Lujo (TL), ofrecido por los concesionarios de certificado de operación de las empresas prestatarias del servicio de pasajeros”, aunque no lo declara así, lo que busca es eliminar las plataformas de transporte.
Lo que busca es que las diversas plataformas de transporte que le brindan la opción a los consumidores de movilizarse de manera segura, ágil y eficiente se vayan del país porque el artículo 5 del proyecto establece que estas plataformas tienen que asociarse o tienen que ligarse a una concesionaria para poder brindar el servicio. Esto es un absurdo porque limita la competencia.
Esto es violatorio a principios constitucionales establecidos en Panamá, básicamente, la libre concurrencia y el derecho fundamental reconocido en el artículo 49 de la Constitución Política de la República que establece que los panameños y toda persona residente en este país es libre para elegir los bienes y servicios, y los oferentes que quiere elegir y no tiene que hacerlo solo de una lista de prebendarios que cuenten con una concesión.
Como defensores de los derechos de los consumidores, desde la Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL) nos oponemos al proyecto de ley 986, que nace viciado, porque su orientación, enfoque es privar a los panameños de una opción que ya tienen para transportarse de un punto a otro en sus comunidades y no hay manera de arreglarlo porque está enfocado en violar los derechos.
Queremos y lucharemos porque se respeten los derechos de todos los panameños a elegir con quien nos movilizamos en determinado momento. Esto no significa que tenemos algo en contra de los taxis amarillos porque todos los utilizamos en determinado momento.
El tema es que así como podemos elegir restaurantes, el panameño puede y debe tener la libertad de elegir taxi amarillo un día pero al otro día optar por algunas de las plataformas de transporte que existen en el país, o el metro o el metrobus.
En el momento en el que nos quieran cercenar ese derecho de elegir, es donde inicia la violación a nuestros derechos.
No vemos que el proyecto de ley 986 pueda ser corregido porque nace con una orientación que no es positiva, por lo que estaremos pendientes de lo que ocurra con esta iniciativa en la Asamblea Nacional porque es evidente que, hay conflicto de intereses en la Comisión de Comunicación y Transporte porque hay diputados que están ligados a concesionarias de transporte, es más, algunos son dueños de muchos cupos.
En definitiva, este conflicto de interés lo que demuestra es que, hay intención de aprobar este proyecto a toda costa. Desde ACL estaremos pendientes para participar en los debates de esta iniciativa cuando se den y si el proyecto de ley 986 llegase a ser aprobado, estamos listos para acudir a la Corte Suprema de Justicia porque esta iniciativa legislativa tiene vicios de inconstitucionalidad, violenta derechos fundamentales de los panameños.
Llama la atención que los diputados quienes se deben a sus electores, es decir, a los consumidores impulsen iniciativas como el proyecto de ley 986, que en vez de promover los derechos de los ciudadanos, los cercene. Nuevamente, sus intereses particulares están por encima de los generales.
Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL)
