Por José R. Herrera B.
Periodista, profesor e investigador
En Panamá, jubilarse no siempre significa descansar. Para muchos es aprender a estirar la quincena, dividir las pastillas y mirar el precio de los alimentos antes de meterlos en la canasta. Es una jubilación de hambre, administrada con resignación y monedas contadas.
El proyecto de Ley 226, recién aprobado por la Asamblea Nacional y pendiente de la sanción del presidente José Raúl Mulino, amplía descuentos y beneficios para todos los jubilados, pensionados y adultos mayores. No concede limosnas ni privilegios: reconoce derechos a quienes entregaron años de trabajo, cotizaciones y sacrificios al desarrollo del país.
Como señaló el papa Francisco: “Un pueblo que no cuida a sus abuelos y no los trata bien es un pueblo que no tiene futuro”. Pese a ello, la Cámara de Comercio, voceros de las micro y pequeñas empresas y comerciantes de medicamentos advierten sobre pérdidas, alzas de precios y afectaciones laborales.
El argumento puede vestirse de cifras, pero continúa desnudo de sensibilidad.
Cuando las ganancias abundan, el poder económico las celebra en privado; cuando aparece una responsabilidad social, intenta dejarle la cuenta al Gobierno. El negocio primero y la gente después: vieja receta con nueva etiqueta.
Además, los jubilados no están fuera de la economía circular. Compran, consumen, pagan servicios, ayudan a sus familias y mantienen comercios. Cada balboa ahorrado vuelve a circular. El descuento no paraliza la economía; fortalece su capacidad de consumo.
Sancionar esta ley es honrar a todos los jubilados. La vejez no debe pedir permiso para vivir con dignidad.
