Entre el peso demográfico y el poder real: La encrucijada de la participación femenina
La participación política de las mujeres en Panamá enfrenta una marcada brecha entre el peso demográfico y la representación formal. Aunque el padrón electoral está integrado por un 50.3% de mujeres y la militancia femenina alcanza el 51% en los partidos políticos, la presencia de diputadas en la Asamblea Nacional se ubica en un 21.7%, muy por debajo del promedio latinoamericano (35.8%) y centroamericano (30.8%).
Esta disparidad se debe principalmente al diseño del Código Electoral y, de manera específica, a la controvertida “válvula de escape”. Dicha disposición faculta a los partidos para eximirse de la cuota del 50% de postulaciones femeninas mediante una simple declaración de sus Secretarías de la Mujer, en la cual certifican no haber alcanzado dicha cuota de participación. Esta excepción permite completar las nóminas con candidatos masculinos, diluyendo el alcance del principio de paridad en los comicios generales.
El actual debate sobre las reformas al Código Electoral hacia el proceso de 2029 pone de relieve el pulso entre la exigencia de una paridad efectiva y la resistencia dentro de los colectivos políticos. Diversas organizaciones de la sociedad civil, gremios del sector privado y agencias internacionales han abogado por la eliminación total de las excepciones y por la implementación del rechazo directo de listas como sanción ante el incumplimiento. Paralelamente, el Ministerio de la Mujer y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) insisten en la urgencia de fortalecer el financiamiento político equitativo y de establecer protocolos vinculantes que prevengan y sancionen la violencia política por razón de género.
A pesar de que sectores partidarios han reformado sus estatutos internos para adoptar formalmente la paridad y protocolos contra el acoso en sus estructuras, la consolidación de estos cambios en la legislación nacional continúa enfrentando severos obstáculos. Garantizar la paridad de forma vinculante —con alternancia en las listas y sin mecanismos de evasión— sigue siendo el principal desafío para lograr un sistema electoral inclusivo en Panamá.
