La igualdad en las urnas no garantiza la igualdad en la toma de decisiones; el reto actual es desmantelar los techos de cristal institucionales
El debate sobre la participación de la mujer en la vida pública panameña ha experimentado avances innegables en la última década. La adopción de normativas electorales orientadas a la paridad ha asegurado una mayor presencia femenina en las papeletas. Sin embargo, la brecha entre ser candidata y convertirse en una figura con capacidad real de decisión sigue siendo abismal. La paridad formal ha cumplido su ciclo inicial; el desafío impostergable de hoy es garantizar el acceso efectivo al poder sin condicionamientos ni subordinaciones.
El verdadero obstáculo para la equidad en la política no siempre es visible en las cifras de postulación, sino en las dinámicas internas de las organizaciones políticas. Históricamente, a las mujeres se les ha asignado la responsabilidad del trabajo de base, la movilización comunitaria y la logística electoral, pero al momento de conformar las comisiones directivas, las mesas de negociación legislativa o las carteras ministeriales clave, la toma de decisiones vuelve a replegarse en espacios masculinizados. Superar esta disparidad exige exigir cuotas de decisión en la gobernanza interna de los partidos y en la alta administración pública.
Otro factor determinante es la urgencia de reestructurar las redes de financiamiento y capacitación. Sin un acceso equitativo a la pauta publicitaria, a los fondos de campaña y a la asesoría técnica de alto nivel, las candidaturas femeninas compiten en evidente desventaja estructural. La equidad no consiste únicamente en otorgar un espacio en la papeleta, sino en proveer las herramientas financieras y estratégicas necesarias para competir en igualdad de condiciones en los circuitos de mayor peso electoral.
Asimismo, resulta fundamental erradicar la violencia política en los espacios de debate. La fiscalización pública debe centrarse en las propuestas, la preparación y el desempeño de la función pública, dejando de lado los juzgamientos morales, los sesgos personales y los ataques machistas que aún persisten en las coberturas mediáticas y las plataformas digitales. Proteger la integridad de las lideresas es un deber democrático que compete tanto a los órganos electorales como a los medios de comunicación y a la sociedad civil.
Una democracia que margina el talento, la visión y la capacidad técnica de la mitad de su población está condenada a operar a media marcha. La inclusión efectiva de las mujeres en los puestos de mando no es un acto de condescendencia ni una cuota que saldar; es una necesidad de estado para elevar la calidad de las políticas públicas, fortalecer la transparencia institucional y responder a las complejas demandas sociales de Panamá.
