Rogelio Paredes, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), expresó su preocupación por la ocupación informal de terrenos privados a nivel nacional.
En un comunicado del Miviot se indicó que “la entidad, a través de la Ley 61 de 23 de octubre de 2009, tiene dentro de sus funciones adoptar las medidas que se estimen adecuadas para el mejoramiento de la situación habitacional del país, tomando en cuenta la urgencia de dotar de vivienda de interés social a las clases económicamente necesitadas”.
“Sin embargo, la necesidad habitacional no puede afectar el derecho al libre ejercicio de la Propiedad Privada que consagra la Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 47 y que, como institución estatal, el Ministerio está en la obligación de respetar y defender”, agregó Paredes.
El titular de Vivienda, agregó que se ha emprendido un plan para frenar nuevas invasiones y legalizar las de antigua data, las recientes acciones de invasión de tierras “representan una violación directa a las garantías constitucionales de los panameños”.
Aunque recordó que el Miviot cuenta con la Dirección de Asentamientos Informales, cuya función principal es legalizar la tenencia de tierra de vieja data y de asentamientos que están previamente reconocidos por las autoridades administrativas locales y de Policía, hizo un llamado a los propietarios de terrenos.
“Los propietarios de tierras deben recordar que según el artículo 48 de la Constitución Política la propiedad privada implica obligaciones para su dueño, ya que son los principales responsables de darle uso a la tierra, que es la mejor manera de defenderla; y también realizar las acciones legales en caso de invasión para que las autoridades competentes puedan actuar”, enfatizó.
Paredes precisó que el Miviot siempre estará a la altura de los intereses de los más necesitados, pero respetando y cumpliendo la legalidad vigente como único medio de convivencia pacífica y garantizando la propiedad privada.
Finalizó haciendo un llamado a las demás autoridades e instituciones a actuar frente a estas acciones que violentan el Estado de Derecho que consagra la Constitución Política.
