La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, Perú tomó declaraciones a 29 presuntas víctimas de la política nacional de esterilizaciones forzadas, aplicada entre los años 1996 y 2000, en la provincia de Angaraes (Huancavelica).
La diligencia, que se efectuó entre el 2 y 5 de octubre último, contó con la participación de personal especializado del Instituto de Medicina Legal (dos médicos y dos peritos psicológicos), abogados de la dirección general de defensa pública del Ministerio de Justicia, así como de intérpretes bilingües certificados por el Ministerio de Cultura.
La finalidad fue registrar los testimonios de las agraviadas que habrían padecido intervenciones quirúrgicas para ligaduras de trompas, mediante procedimiento de Anticonceptivo Quirúrgico Voluntario (AQV). Asimismo, para dar mayor celeridad al caso se culminaron las evaluaciones psicológicas y de integridad física realizadas por fiscales y personal médico que se trasladaron a la región.
Cabe precisar que también se recabó documentación que se había solicitado a distintos centros de salud locales. En esta investigación, existen 32 ciudadanas agraviadas por la política de esterilizaciones forzadas, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
