Por unanimidad los tres magistrados que integran el Primer Tribunal Superior del Primer Circuito Judicial, rechazaron la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el abogado Geovany Javier Castillo en representación de la sociedad Las Brisas de Amador (LBA) contra el fallo dictado el 18 de noviembre de 2025 por el Juzgado Cuarto del Circuito de Insolvencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de la juez Tatiana Ovalle. En aquella ocasión la citada juez rechazó de plano un recurso dilatorio presentado por los apoderados judiciales de LBA dentro del proceso concursal de liquidación forzosa que presentó la sociedad Vikingo Joint Ventures INC. y Vikingo Overseas, INC., en contra de Las Brisas de Amador, S.A.
En la parte resolutiva de su sentencia la Juez Ovalle señaló. “Resultan infundados e improcedentes los fundamentos alegados por la parte demandada sobre la advertencia de nulidad, toda vez que pretende reabrir un debate ya resuelto en audiencia. En consecuencia, este tribunal no advierte razón jurídica que amerite la nulidad de alguna actuación, por lo que se debe rechazar de plano, en virtud del artículo 708 del código judicial”. El pronunciamiento de la juez dejó en evidencia las innumerables acciones dilatorias de las que han echado mano los directivos de Las Brisas de Amador, lo que ha sido una constante en este proceso y que ha tenido como único objetivo el de obviar sus responsabilidades legales y financieras en perjuicio de inversionistas extranjeros que de buena fe invirtieron en ese proyecto de desarrollo inmobiliario.
La decisión de la juez Tatiana Ovalle y ahora la de los magistrados; Manuel José Calvo, Janeth Torres y Carlos Pizarro no han dado espacio a las artimañas dilatorias de los directivos de Las Brisas de Amador. Mediante pronunciamientos claros, contundentes y apegados al derecho estos letrados han establecido que la administración de justicia debe rechazar de plano las acciones que pretendan dilatar los procesos, Sin embargo no se puede decir lo mismo de la actuación precipitada y sospechosa de la magistrada Guimara Aparicio Ortega quien en contravía y mediante cuestionables decisiones ha favorecido e incluso amparado las argucias de los directivos de LBA, permitiendo con ello el alargamiento de un proceso que lleva más de una década.
Recientemente el bufete Fábrega Molino en representación de los afectados, las sociedades Vikingo Joint Venture Inc. y Vikingo Overseas Inc. presentó una denuncia por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos ante la Unidad Especial de Investigación de Integridad y Transparenciade la Corte Suprema de Justiciay solicitaron se sancione a la magistrada Guimara Aparicio Ortega, luego que esta funcionaria emitiera sentencias contradictorias, y con dudoso sustento legal, lo que ha puesto en duda su imparcialidad en este proceso.
