En una operación que marca un hito en la cooperación internacional contra el terrorismo, los gobiernos de Estados Unidos y Panamá, con el apoyo de las autoridades interinas de Venezuela, concretaron la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, presunto miembro de Hezbolá y principal sospechoso del ataque al vuelo 901 de Alas Chiricanas en 1994.
El traslado de Hage Jalil a suelo panameño representa una victoria tras tres décadas de búsqueda de justicia. El sospechoso enfrenta cargos por la explosión que cobró la vida de 21 personas, entre ellas ciudadanos panameños y estadounidenses, incluyendo a 12 miembros de la comunidad judía. Esta acción judicial fue posible gracias a una coordinación operativa de alto nivel y al intercambio de inteligencia crítica proporcionada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la firmeza de la actual administración estadounidense en la persecución de grupos extremistas. “Esta extradición envía un mensaje definitivo: la administración Trump tiene una memoria larga y un alcance aún más largo”, afirmó el diplomático. Cabrera subrayó que, bajo el liderazgo del presidente Trump, el compromiso de hacer rendir cuentas a Irán y sus representantes, como Hezbolá, es absoluto cuando se ataca a ciudadanos estadounidenses o aliados.
Por su parte, las autoridades panameñas, a través de la Dirección Nacional de Investigación Judicial, avanzarán ahora en el proceso para que el implicado comparezca ante un juez. Con este movimiento, se busca cerrar un capítulo doloroso de la historia nacional, garantizando que ni el paso del tiempo ni las fronteras impidan que los responsables de actos terroristas enfrenten las consecuencias de sus crímenes en el marco de la soberanía y la seguridad regional.
