El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada adelanta diligencias en la investigación que se le sigue a siete importadores de acero y productos derivados, por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de contrabando y defraudación aduanera, según conoció Moisés Bartlett, apoderado legal y vocero de la empresa denunciante.
La pesquisa que está a cargo del Fiscal Oriel Jaramillo tiene como base la denuncia interpuesta por Grupo Metales en noviembre pasado, en contra de siete importadores de acero y productos derivados por la presunta afectación patrimonial por el orden de los 2.4 millones de dólares.
En ese sentido, de acuerdo con Bartlett, el ente de investigación solicitó información a la Dirección General de Ingresos (DGI) para que certifique si las empresas denunciadas han pagado los impuestos correspondientes y sobre todo aquellos relacionados a los impuestos de exportación, reexportación del movimiento de mercancía de acero o sus productos derivados, a partir de enero de 2020.
Igualmente, la Fiscalía Anticorrupción requirió del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) información relacionada con la razón comercial de las compañías investigadas, también solicitó al Registro Público los certificados de persona jurídica y copia autenticada del historial completo de estas empresas.
La denuncia
La empresa denunciante argumenta que tiene sospechas, por los valores de importación que presentan estas compañías, que, para determinadas partidas arancelarias, posiblemente se estén cometiendo actos delictivos contra el tesoro nacional en la modalidad de contrabando, defraudación aduanera y defraudación fiscal por el orden de los 2.4 millones de dólares.
En ese sentido, de acuerdo con información recabada del portal web de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), entre enero de 2017 a diciembre de 2019 se ha dejado de pagar en impuestos 1.7 millones de dólares, mientras que entre abril de 2020 y septiembre de 2021 el Estado ha dejado de percibir 705,052 dólares, lo que hace un total de 2.4 millones de dólares.
Bartlett, apoderado legal y vocero de la empresa denunciante, expresó que confía en que la investigación rendirá frutos y que las autoridades harán cumplir la ley.
