Por: Alfonso Fraguela
La semana pasada la agenda mediática estuvo liderada por 3 temas, que impactaron en la opinión pública.
El Primero de ello, fue la sanción económica hecha a un medio de comunicación por colocar la foto de un Diputado, que ocasionó una multa de B/.5,000.00 por parte de la ANTAI, por violar la ley de protección de datos.
Esta no es la primera ocasión, que dicha entidad arremete contra un medio, anteriormente lo hizo con la Verdad Panamá, por publicar un certificado de matrimonio proporcionado por una de las partes en un proceso.
El segundo tema de la semana, fue el archivo del proyecto de ley 625 que establece la Ley de extinción de dominio, este documento, luego de un debate intenso que dio como resultado una versión del 25 de abril, excluía a los actos de corrupción, sacando con ello los bienes mal habidos obtenido por este tipo de práctica.
El tercer tema no menos importante fue la presentación, por parte del gobierno nacional, de un anteproyecto que busca modificar la ley de la ANTAI, que ha sido la autoridad sancionadora en los últimos tiempos.
Pensamos que si con esta propuesta lo que se busca es abrir la cortina y dejar expuesta la transparencia que quiere el gobierno. Lo correcto habría sido presentar una iniciativa que modificarse la ley de protección de datos y el Decreto Ejecutivo que la reglamenta de forma inmediata para calmar los ánimos.
Igualmente, habría dejado sin efecto, la decisión de mantener en silencio, por 10 años, los debates del Consejo de Gabinete, fundamentado en la ley de ANTAI, durante la pandemia.
Los gobiernos de turno parece que olvidan que los bienes que administran son públicos, y que el pueblo panameño que los distinguió llevándolos al poder deben saber qué hacen con ellos.
Es por ello, que esperamos que con el inicio de la próxima legislatura que inicia el 1 de julio, se presente una reforma a la ley de protección de datos, para evitar situaciones futuras que pudieran ser considerados como violación a la libertad de expresión.
Pedir perdón, en lugar que pedir permiso, se transforma en un abuso de autoridad, bajo cualquier óptica. Esto debido a que el servidor público solamente puede hacer lo que la ley señala.
