A diferencia de otros países de la región donde la actividad está estrictamente prohibida o plenamente regulada, en Panamá la prostitución habita en una “zona gris” legal. Aunque no se considera un delito penal cuando se ejerce de manera voluntaria entre adultos, la falta de un marco jurídico claro deja a quienes la practican en una situación de vulnerabilidad, regulada únicamente por controles sanitarios y decretos municipales.
El control sanitario como único registro
El Estado panameño, a través del Ministerio de Salud (MINSA), aborda la actividad desde una perspectiva de prevención. Las personas que ejercen el trabajo sexual deben cumplir con un régimen de chequeos médicos obligatorios para obtener el carné blanco y el carné celeste.
Este sistema busca mitigar la propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS), pero no otorga derechos laborales. Al no ser reconocida como una profesión formal, quienes se dedican a esta actividad carecen de seguridad social, jubilación o protección frente a despidos injustificados en los locales donde operan.
La línea roja: Proxenetismo y Trata
El Código Penal panameño es tajante en cuanto a la explotación. Si bien el acto sexual por dinero no lleva a la cárcel, el proxenetismo (lucrar con la prostitución de terceros) y la trata de personas son delitos perseguidos con rigor.
Las autoridades realizan operativos frecuentes en “casas de citas” y hoteles para verificar que no existan redes de explotación o presencia de menores de edad. Sin embargo, la delgada línea entre un administrador de local y un proxeneta genera constantes debates jurídicos en los tribunales del país.
El reto de la convivencia ciudadana
A nivel municipal, la regulación se enfoca en el orden público. Los corregidores y jueces de paz tienen la facultad de sancionar la prostitución callejera si esta interfiere con la tranquilidad de las zonas residenciales. Esto ha desplazado la actividad hacia clubes nocturnos o, más recientemente, hacia plataformas digitales y apartamentos privados, lo que dificulta aún más el control sanitario y la protección de la integridad de las personas.
